Monsanto fue una empresa multinacional estadounidense cotizada en bolsa como productora de agroquímicos y biotecnología destinados a la agricultura.

Fundada en 1901 por John Francis Queeny, producía en un principio aditivos alimentarios como la sacarina y la vainillina; en la década de 1920 comenzó a producir productos químicos industriales como ácido sulfúrico y PCB y en la década de 1940 se había convertido en un importante productor de plásticos, incluyendo poliestireno y fibras sintéticas.

Monsanto consiguió logros notables en el campo de la industria química y sus científicos estaban a la vanguardia de la investigación en hidrogenación asimétrica catalítica; la compañía fue la primera en producir en masa diodos emisores de luz (LED). La compañía también fabricó productos polémicos como el insecticida DDT, los PCB, la somatotropina bovina recombinada y el Agente Naranja, utilizado en la guerra de Vietnam por Estados Unidos y responsable de la muerte de cientos de miles de personas y de la destrucción o daño de millones de hectáreas de selva y cultivos.

En los años 80 creó la primera célula de planta genéticamente modificada que se convertiría en su especialidad.

El matrimonio del diablo

En 2016 Bayer anuncia la compra de Monsanto y no es hasta el 2018 que se concreta la fusión. La compañía alemana que es sinónimo de Aspirina, el analgésico que llegó a convertirse en la forma más común de referirse al ácido acetilsalicílico y tambien es responsable del desarrollo de la heroína, que se utilizaba como sustito a la morfina y como remedio para la tos.

La operación, de 63.000 millones de dólares, aprobada por la Comisión Europea (CE) y EEUU, supone que tan solo tres multinacionales controlarán el sector agroquimico.

Los ambientalistas catalogan la operación como el mayor atentado a la salud y al medio ambiente. El gigante de la medicina controla el 49% del sector la medicina mundial y ahora tambien el 70% de los agroquimicos y el 60% de las semillas transgenicas en todo el globo.

La digitalización de la agricultura

La agricultura digital implica la recolección masiva de datos en una granja a través del uso de sensores, que van desde piezas conectadas a maquinaria agrícola hasta satélites. Estos datos se envían a un proveedor de servicios como Monsanto, que utiliza esos datos para analizar las condiciones de cada granja y hacer recomendaciones específicas, cobrando por ello, claro. En última instancia, el uso de big data en la agricultura trata de diseñar recetas detalladas para la siembra de semillas y aplicaciones químicas.

Konkurrenz Group, firma legal especializada en fusiones y adquisiciones, advirtió de que la megafusión Bayer-Monsanto violaría las regulaciones antitrust en EEUU y UE y restringiría severamente las opciones para granjeros y consumidores en un mercado ya dominado por muy pocos jugadores. Konkurrenz señaló además que Bayer-Monsanto usaría el aumento de la agricultura digital para ganar aún más poder ¿Cómo? Pues haciendo que los granjeros dependan cada vez más de los rasgos, semillas y pesticidas para sus cada vez más automatizadas granjas. En la misma línea se pronuncia el reportaje de Amigos de la Tierra, Open Markets Institute y SomOfUs ‘Bayer Monsanto Fusión: Big Data, Big Agriculture, Big Problems’.

SumOfUs alerta también que “esta fusión no sólo viola las leyes anti-trust para crear la mayor compañía agroindustrial del mundo, sino que además hace nuestros sistemas alimentarios más vulnerables, con frágiles monocultivos, pesticidas desastrosos que matan a las abejas y amenazan a otros insectos, como las mariposas monarca, y un aumento de precios de los alimentos y una disminución de opciones no transgénicas”.

Los documentos ocultos

El glifosato fue clasificado en 2015 por la IARC (Agencia Internacional de Cáncer de la OMS) como genotóxico, cancerígeno en animales y probablemente cancerígeno en humanos. Aun con esta clasificacion, la Agencia de Protección Ambiental de USA (EPA) decidio continuar apoyando el mantra corporativo de inocuidad y no acompañar esa recategorización. Esto esta recogido en uno de los tantos documentos de Monsanto que hoy ven la luz, documentos que ofrecen pruebas contundentes de vínculos inapropiados entre la EPA y la compañía química en esfuerzos por evitar nuevas revisiones de seguridad tras la re categorización de la IARC.

Se presume tambien que los funcionarios de la EPA y los empleados de Monsanto trabajaron juntos para lograr el objetivo de detener un análisis de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, (ASTDR), una agencia federal de salud pública del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La ASTDR por su lado planeaba actualizar una revisión de seguridad del glifosato que se intuía estaría en línea con la decisión de la IARC.

El estudio fue cajoneado tras conversaciones de empleados de Monsanto y el empleado de la EPA, Jess Rowland, quien ofreció abiertamente en un mail, en abril de 2015, su disposición para frenar la revisión de la ATSDR. Rowland, que se jubiló en 2016, fue el Subdirector dentro de la División de efectos de salud de la Oficina de Programas de Pesticidas (OPP) de la agencia ambiental. La sospechosa e íntima relación entre Rowland y Monsanto ha provocado una investigación de la Oficina del Inspector General de la EPA en EE.UU.

En los documentos está probado además que fue la propia empresa quien le escribió a la EPA los argumentos para contestar ante el requerimiento de la prensa y la opinión pública sobre su decisión de seguir sosteniendo su posición de defensa del producto luego de que la OMS señalara su peligrosidad cancerígena.

Documentos internos de esa agencia, también parte de los papeles de Monsanto, demuestran que la EPA, en marzo y abril de 2016, estaba “luchando” internamente para lograr reunir datos sobre los ingredientes que Monsanto ha utilizado comúnmente para formular sus productos herbicidas. A pesar de que Monsanto ha estado vendiendo herbicidas Roundup por más de 40 años, los documentos internos de la agencia indican que la EPA tenía poca información, suelta, parcial y desordenada sobre esas formulaciones.

Todo el esfuerzo de la compañía y su manera de operar queda en evidencia al analizar el trabajo que se realizó tras la decisión de la IARC. En los papeles está probado que Monsanto proporcionó evaluaciones supuestamente independientes para contrarrestar aquellos estudios que señalaran problemas de seguridad y así influir sobre las agencias reguladoras. Realizó papers de investigación escritos en forma fantasma (es decir ocultando sus huellas/firma en ellos) que sustentan la seguridad del glifosato. Por ejemplo, la respuesta al trabajo científico que sustentó la decisión de la IARC.

Además, Monsanto habría desarrollado una red de científicos europeos y de Estados Unidos para llevar su mensaje de seguridad del glifosato a reguladores y legisladores, sin mostrar que era la propia compañía quien lo realizaba, simulando ser independiente de la industria. Monsanto está sospechado de interferir en la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos de la UE (EFSA) para evitar que ese nuevo status de peligrosidad cancerígena avanzara en otros lugares.

Monsanto habría utilizado equipos de relaciones públicas para escribir artículos y blogs que se publican usando nombres de científicos que se proclaman independientes. Y pudo haber coordinado y alistado grupos de fachada-ataque que trabajan para desacreditar a los periodistas y científicos que publican preocupaciones relativas a la seguridad de sus productos.

La seguridad del glifosato genera una gran pelea, que se demuetra en los documentos de Monsanto en donde investigadores llegan a distintas conclusiones y difieren en los resultados sobre la peligrosidad de un producto, sino que el fabricante de ese producto utiliza su poder de lobby y paga para fabricar su propia biblioteca de respaldo, generando asi un gran fraude cientifico.

Otro ejemplo que muestra cómo la compañía omite datos cuando estos no favorecen su discurso es el Caso Parry o The Parry report, en inglés. El reporte es un documento de trabajo científico elaborado por el genetista James Parry, quien fue contratado por Monsanto y en cuyos resultados se encontraron indicios de daño genotóxico que sugerían ampliar el estudio. Al presentar sus conclusiones, William Heydens, Jefe de Regulaciones Científicas de la compañía, sugirió encontrar a “alguien más” (un científico que no llegara a esos resultados) ya que lo descubierto por Parry traería “muchos gastos en estudios”. “Así que simplemente no vamos a hacer esos estudios”, escribió al resto del equipo científico de la compañía.

No se puede decir que Roundup no sea cancerígeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto, Donna Farmer, empleada desde 1991 en la compañía, en uno de los correos electrónicos que integran los papeles de Monsanto. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”.

El correo, enviado el 22 de noviembre de 2003, es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson, la primera persona en llevar a juicio a Monsanto acusándolo de provocar el cáncer que padece. Y la primera en conseguir que la justicia le diera la razón.

Las pruebas presentadas durante el juicio desmienten la respuesta que brinda Monsanto, ahora propiedad de Bayer, cuando asegura que sus productos a base de glifosato son seguros.

Muchas de esas pruebas que permitieron al jurado llegar a ese veredicto forman parte de lo que se conoce como los Monsanto Papers. Cientos y cientos de documentos conseguidos por la ONG de consumidores por la transparencia del sistema alimentario y la información, USRTK, a través de pedidos de información pública y por los abogados de miles de enfermos de cáncer contra el Roundup que esperan ahora su turno en corte.

El juez del distrito de San Francisco, Vince Chhabria, ordenó en marzo de 2017 la desclasificación de gran parte de la documentación presentada tanto por los querellantes como por la corporación. Así nacieron lo que se conoce como los Monsanto Papers, que se van ampliando con las nuevas pruebas, de los cerca de 8.000 casos pendientes contra la compañía, contra sus productos a base de glifosato. La información no se agota y según los propios abogados de los demandantes solo se conoce públicamente un 10% de su contenido.

En nuestro pais, la producción de transgénicos podría generar algunos beneficios económicos de corto plazo a los agricultores, pero también podría implicar una incalculable pérdida de biodiversidad en el largo plazo, además del riesgo más inmediato de alejar al Perú de mercados muy dinámicos de productos orgánicos y naturales, en países que no quieren importar productos de países productores de transgénicos.